El presidente Iván Duque premió con una medalla "al mérito" al fiscal Gabriel Jaimes, en quien recayó el caso del expresidente Álvaro Uribe por supuesto fraude procesal y soborno de testigos y que decidió, en vez de procesarlo, pedir la preclusión, lo que un juzgado rechazó este año.

Duque, junto al fiscal general, Francisco Barbosa, le entregó este miércoles a Jaimes la condecoración Enrique Low Murtra, que se da en reconocimiento a las virtudes y servicios de los funcionarios y empleados de la Fiscalía, en un acto en el que se conmemoraba el trigésimo aniversario de la institución.

A Jaimes, quien es coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, le han sido reconocido "los años de servicio que ha dedicado a la Fiscalía General de la Nación" y "su consagración al trabajo y aportes en beneficio de la entidad que han contribuido con el compromiso de administrar justicia en el país".

También fueron condecorados la actual vicefiscal general, Martha Janeth Mancera, y el director nacional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Alberto Acevedo.

Jaimes, designado por Barbosa, quien es un cercano a Duque, fue el encargado de recibir el caso por el que actualmente está imputado Uribe cuando este decidió dejar su curul en el Senado, por lo que dejó de estar aforado y su caso pasó a manos de la Fiscalía.

EL CASO URIBE

El caso de Uribe comenzó en 2012 cuando la Corte Suprema de Justicia, por una denuncia del exmandatario contra el senador Iván Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo, decidió no abrir investigación contra el senador de izquierdas y, en cambio, inició un proceso a Uribe por manipulación de testigos.

Más adelante, a mediados de 2018, la Corte llamó a Uribe a indagatoria por fraude procesal y soborno, pues las pesquisas de ese alto tribunal apuntaban a que el expresidente, a través de terceros como el abogado Diego Cadena, al parecer intentó manipular las versiones de varios exparamilitares para que declararan contra Cepeda.

Uno de los puntos más álgidos del proceso fue el 4 de agosto de 2020, cuando la Sala de Instrucción del alto tribunal ordenó la detención domiciliaria del expresidente, que permaneció 67 días en detención domiciliaria en su finca de El Ubérrimo, en el departamento de Córdoba (norte).

Uribe renunció el 18 de agosto de ese año a su escaño en el Senado perdiendo su condición de aforado, por lo que la Corte Suprema de Justicia, donde decía que no tenía garantías, perdió su competencia en el caso, que pasó a la Fiscalía, que lo delegó en Jaimes.

Jaimes, junto con la Procuraduría y la defensa del expresidente, solicitaron a la jueza ordinaria precluir el proceso al considerar que las pruebas no demostraban que Uribe hubiera participado activamente o dado la orden para buscar testigos falsos contra Cepeda.

Sin embargo, finalmente el 27 de abril de este año, la jueza 28 de Conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, anunció su decisión de no precluir el proceso y ordenó a la Fiscalía, en una decisión que decidieron no apelar, que Uribe vaya a juicio.

EFE